A mediados de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) announced había incautado aproximadamente 127.271 bitcoins, valorados en alrededor de 14.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares en ese momento, de la billetera de un sospechoso vinculado a una extensa red asiática de fraude de inversiones. El robo se describe como la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU. y una de las reversiones más extraordinarias de criptoactivos robados de la historia.
El acusado es identificado como Chen Zhi, también conocido como “Vincent”, una figura empresarial camboyana y fundador de un conglomerado multinacional denominado Prince Holding Group. Se alega que orquestó lo que las autoridades llaman estafas de “matanza de cerdos”, en las que se persuade a las víctimas para que crean que pueden obtener grandes ganancias en nuevos esquemas de criptomonedas, solo para que sus fondos sean desviados y lavados.
Lo que hace que este caso sea aún más escalofriante es la participación de complejos de trabajo forzado en Camboya. Se informa que los trabajadores traficados en estos complejos han sido retenidos contra su voluntad y obligados a operar la infraestructura de estafa que se dirigió a las víctimas en todo el mundo.
Si bien la incautación de un volumen tan masivo de bitcoin es digna de mención, quedan muchas preguntas. El más urgente entre ellos es ¿qué pasará con las víctimas cuyo dinero fue robado? Ese problema sigue sin resolverse, dejando a muchos en el limbo.
La estafa detrás de la incautación
Según la denuncia presentada por los fiscales, las víctimas fueron atraídas a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales a través de lo que parecían ser oportunidades de inversión legítimas. Con promesas de altos rendimientos y rápido crecimiento, se persuadió a las víctimas para que entregaran criptomonedas para “inversión”. En cambio, los acusados y su red supuestamente canalizaron esos fondos a empresas ficticias, operaciones mineras, activos de lujo y billeteras presumiblemente imposibles de rastrear.
En el centro de la operación estaban los llamados “complejos de estafa” en Camboya. Según los informes, estas instalaciones albergaron a cientos de trabajadores obligados bajo amenaza a ejecutar los fraudes llamando o enviando mensajes a posibles víctimas, estableciendo una relación y persuadiéndolas para que transfirieran activos. Las víctimas, a su vez, creían que se estaban uniendo a programas de inversión legítimos. La acusación establece que los que vivían en los complejos fueron retenidos contra su voluntad.
Los investigadores descubrieron que las billeteras de bitcoin bajo el control de Chen también recibieron grandes entradas de un grupo de minería de criptomonedas operado por el mismo grupo. Eso sugiere que la red criminal no solo robó activos, sino que también integró operaciones de minería y lavado para convertir el valor robado en tenencias de criptomonedas aparentemente legítimas.
Esta combinación de trata de personas, trabajo forzoso, fraude de inversiones y lavado de criptomonedas subraya cómo las estafas modernas pueden abarcar continentes, tecnologías y tipos de delitos. Los fondos desviados a través de este esquema finalmente descansaron en billeteras no alojadas, lo que hace que la recuperación y el rastreo sean mucho más complejos.
Las víctimas tienen poca claridad
Uno de los mayores problemas del caso es que, aunque los fondos han sido incautados, las víctimas del esquema siguen en la incertidumbre. Muchas personas en todo el mundo transfirieron criptomonedas, creyendo que estaban invirtiendo, y ahora se preguntan si alguna vez verán algo de vuelta. El anuncio de las fuerzas del orden no proporcionó una hoja de ruta clara para la restitución de las víctimas, ni garantizó que se distribuyera el bitcoin incautado.
Algunos observadores legales señalan que si bien las monedas están bajo custodia del gobierno, el camino para devolverlas a las víctimas es complicado. A menudo, a las víctimas se les paga en dólares, incluso cuando los fondos fueron robados en criptomonedas. A otros les preocupa que los fondos simplemente estén en manos de entidades gubernamentales, convertidos o liquidados, y no se transfieran a los perjudicados. En este caso, parte de los activos incautados se han colocado en la Reserva Estratégica de Bitcoin, un programa del gobierno de EE. UU. diseñado para retener el bitcoin incautado como un activo estratégico nacional.
Para las víctimas, el costo emocional es pesado. La confianza traicionada, los ahorros de toda la vida se desvanecieron y los recursos legales no están claros. Incluso si algunos fondos finalmente se devuelven, la demora y la complejidad significan que muchos nunca recuperarán el valor total de sus pérdidas.
Lo que esto significa para las criptomonedas y la prevención del fraude
Este caso ofrece varias lecciones aleccionadoras. En primer lugar, destaca que los actores fraudulentos pueden acumular enormes sumas explotando el anonimato y la velocidad de las criptomonedas. Envía una señal a las redes de estafadores de que las fuerzas del orden se están poniendo al día.
En segundo lugar, la participación de compuestos de trabajo forzado complica la narrativa. Las estafas modernas no se limitan al robo financiero, ya que combinan abusos contra los derechos humanos, tecnología y redes delictivas transfronterizas. El modelo basado en compuestos muestra cómo las víctimas se convierten tanto en perpetradores como en víctimas, donde los trabajadores se ven obligados a ingresar al ecosistema de estafas mientras que otras víctimas son atraídas a invertir.
En tercer lugar, la incertidumbre en torno a la compensación de las víctimas muestra que existen lagunas en la forma en que los sistemas legales manejan las recuperaciones de criptoactivos. Incluso después de las incautaciones, la distribución de activos a las víctimas no es sencilla. Este caso puede provocar cambios en la forma en que se manejan las criptomonedas incautadas, cómo se notifica a las víctimas y cómo se gestiona la restitución.
Finalmente, la escala y la visibilidad de esta convulsión podrían actuar como un elemento disuasorio, pero solo si se realiza un seguimiento de los resultados. Los delincuentes pueden cambiar de táctica, pero ahora también conocen el costo de la ambición en este espacio. Para los reguladores, los exchanges, los desarrolladores y usuarios de criptomonedas, existe un imperativo renovado de detectar las señales de alerta: billeteras frías, tokens no cotizados, ofertas de inversión de alta presión, vínculos de trabajo forzoso y operaciones mineras oscuras.