El despliegue de identificación digital del gobierno británico está recibiendo críticas crecientes después de que los legisladores acusaran a los funcionarios de apresurar el proyecto y de dañar la confianza pública antes de que se explicaran completamente detalles clave.
Un informe publicado por el Comité de Asuntos Internos del Parlamento describió la gestión del gobierno de la iniciativa de identificación digital como un “fiasco”, criticando a los ministros por introducir anuncios políticos importantes sin detallar claramente los costes, salvaguardas o planes de implementación.
El esquema de identificación digital, anunciado por primera vez por el primer ministro Keir Starmer en 2025, fue promovido originalmente como parte de esfuerzos más amplios para combatir la inmigración ilegal y modernizar el acceso a los servicios gubernamentales. Las primeras propuestas sugerían que el sistema podría volverse obligatorio para las comprobaciones del derecho al trabajo, lo que provocó una reacción inmediata en defensa de la privacidad, partidos de la oposición e incluso miembros del propio Partido Laborista.
Las críticas públicas se intensificaron rápidamente tras surgir preocupaciones sobre riesgos de vigilancia, privacidad de datos, vulnerabilidades de ciberseguridad y la posibilidad de expansión de la misión. Una petición en contra de las identificaciones digitales obligatorias reunió millones de firmas, convirtiéndose en una de las mayores peticiones online en la historia política reciente del Reino Unido.
Ante una presión creciente, el gobierno abandonó posteriormente los planes de hacer obligatorio el sistema y reposicionó la iniciativa como una plataforma voluntaria de identidad digital diseñada para mejorar la comodidad y agilizar los servicios públicos.
A pesar de la reversión, los legisladores siguen cuestionando la estrategia de despliegue. El Comité de Asuntos Internos advirtió que el gobierno introdujo la iniciativa antes de establecer suficiente confianza pública, transparencia o mecanismos independientes de supervisión. Los diputados también criticaron la incertidumbre en torno a la financiación de los proyectos y los costes operativos a largo plazo.
Según los informes parlamentarios, el sistema de identificación digital probablemente funcionaría a través de la GOV.UK Wallet y la infraestructura GOV.UK One Login. Los usuarios almacenarían credenciales de identidad verificables en smartphones para su uso en servicios del sector público y privado. El gobierno ha declarado que no habrá una base de datos centralizada que contenga toda la información personal de los ciudadanos.
Los funcionarios afirman que el programa pretende mejorar el acceso a los servicios gubernamentales, reducir el fraude y simplificar la verificación de identidad en diversos sectores, incluyendo la banca, el empleo, la sanidad y la fiscalidad. Sin embargo, las organizaciones de derechos civiles argumentan que los sistemas centralizados de identidad digital podrían crear riesgos de vigilancia y ciberseguridad a largo plazo si las protecciones fallan o las políticas se amplían con el tiempo.
Grupos de campaña de privacidad, incluido Big Brother Watch, advirtieron previamente que la iniciativa podría evolucionar hacia lo que describieron como una “infraestructura de vigilancia masiva”. Los críticos también cuestionaron si el sistema podría llegar a ser funcionalmente obligatorio incluso si oficialmente se etiquetara como voluntario.
El gobierno del Reino Unido ha intentado tranquilizar al público enfatizando que la participación seguirá siendo opcional y que los datos de identidad permanecerán distribuidos entre los departamentos gubernamentales existentes en lugar de almacenarse en una única base de datos. Los ministros también afirman que la plataforma incluirá fuertes protecciones de privacidad y seguridad.