Polonia está preparando una legislación para prohibir el uso de smartphones en las escuelas primarias, con la medida prevista para entrar en vigor a partir del 1 de septiembre de 2026, según declaraciones de la ministra de Educación, Barbara Nowacka. Las normas propuestas se aplicarían a niños de 7 a 15 años que asistan a la educación primaria en el país.
La prohibición prevista forma parte de un paquete legislativo más amplio destinado a restringir el uso de tecnologías digitales por parte de los niños. Funcionarios del gobierno dijeron que las medidas se están finalizando y que introducirán normas nacionales para el uso del teléfono móvil en las escuelas.
Según la propuesta, los estudiantes de primaria no podrían usar teléfonos móviles durante la jornada escolar. El proyecto de ley presentado anteriormente en el parlamento también incluye disposiciones para limitar el acceso de los niños a las plataformas de redes sociales, junto con restricciones al uso del teléfono en las aulas.
Los responsables implicados en la propuesta afirmaron que las medidas tienen como objetivo abordar las preocupaciones relacionadas con el uso de smartphones y plataformas en línea por parte de los niños. Los datos citados en el proceso legislativo indicaban que más de 1,4 millones de niños de entre 7 y 12 años en Polonia usan las redes sociales, mientras que los adolescentes pasan más de cinco horas diarias en línea de media.
El ministerio de educación ha declarado anteriormente que la legislación podría presentarse tan pronto como en el próximo curso escolar, con trabajos continuos centrados en definir el alcance y la aplicación de la prohibición.
El uso del teléfono móvil en las escuelas polacas está actualmente regulado a nivel institucional, con cada colegio estableciendo sus propias normas. Las encuestas realizadas en 2024 mostraron que más de la mitad de los colegios ya restringen el uso del teléfono durante las clases, mientras que la mayoría aplica algún tipo de regulación en las instalaciones escolares.
La ley propuesta reemplazaría estos enfoques variados por un marco nacional uniforme. Las autoridades aún no han publicado todos los detalles de la implementación, incluyendo cómo se supervisaría el cumplimiento o qué excepciones podrían aplicarse.