Los legisladores de la Unión Europea han respaldado una versión revisada del Reglamento para Prevenir y Combatir el Abuso Sexual Infantil que permite el escaneo voluntario de contenidos de usuarios por parte de plataformas de mensajería bajo condiciones definidas. La propuesta anterior contenía requisitos de escaneo obligatorio de todas las comunicaciones privadas, lo que suscitó críticas de defensores de la privacidad, investigadores de seguridad y grupos de la sociedad civil. El texto actualizado elimina el escaneo obligatorio, pero permite que los proveedores que pertenecen a una categoría de alto riesgo adopten herramientas de detección voluntariamente. El cambio refleja un esfuerzo por abordar las preocupaciones sobre la privacidad manteniendo al mismo tiempo un marco regulatorio orientado a identificar material de abuso sexual infantil.
La propuesta revisada establece que las plataformas no estarán obligadas a escanear todos los mensajes. En su lugar, deben realizar evaluaciones de riesgo para determinar si circunstancias específicas justifican el uso de herramientas de escaneo. Si un proveedor decide adoptar sistemas de detección, debe demostrar que las medidas son proporcionadas, limitadas en alcance y respetuosas con las normas de protección de datos. Estas herramientas pueden utilizarse para detectar material abusivo contenido en imágenes, vídeos u otros archivos adjuntos. La regulación no exige la supervisión predeterminada de todos los mensajes de texto, y exige a las plataformas limitar el alcance de la detección a los tipos de contenido especificados en la legislación.
Los partidarios del nuevo enfoque argumentan que el escaneo voluntario supone un compromiso que protege los servicios cifrados de extremo a extremo frente a la vigilancia generalizada. Afirman que las normas revisadas permiten a las agencias policiales solicitar escaneos dirigidos mientras preservan la privacidad de los usuarios de servicios que decidan no adoptar tecnología de detección. Algunos responsables políticos argumentan que los cambios proporcionan un equilibrio más claro entre la protección de los niños y el respeto a los derechos fundamentales. Consideran que el texto revisado es una mejora respecto a la propuesta anterior porque evita la monitorización predeterminada de todos los mensajes privados.
Los defensores de la privacidad y las organizaciones de derechos digitales siguen preocupados. Argumentan que el escaneo voluntario podría llevar a presionar a los proveedores de servicios para que opten por participar, especialmente si los gobiernos o reguladores lo consideran un requisito de facto. Los críticos advierten que la introducción de cualquier sistema de escaneo puede socavar el cifrado al requerir acceso a datos no cifrados o realizar análisis del lado del cliente antes de asegurar los mensajes. Afirman que, una vez que existan estos sistemas, pueden ser vulnerables a un mal uso por parte de actores maliciosos, incluidos grupos criminales o entidades respaldadas por el Estado. Este riesgo podría erosionar la confianza pública en las herramientas de mensajería segura y debilitar la seguridad digital en general.
Los opositores también advierten que el escaneo voluntario podría evolucionar hacia un escaneo obligatorio en futuras negociaciones, especialmente si los legisladores deciden que la adopción voluntaria es insuficiente. Señalan que la propuesta permite revisiones adicionales en las fases legislativas posteriores. Algunos también cuestionan si las definiciones de plataformas de alto riesgo son lo suficientemente claras y argumentan que los proveedores podrían implementar el escaneo por precaución para evitar el escrutinio regulatorio. Grupos de la sociedad civil expresan preocupación de que los usuarios jóvenes, activistas y periodistas puedan verse afectados si las plataformas debilitan las características de seguridad en respuesta a la presión política.
La propuesta entrará ahora en negociaciones triloguadas que involucrarán al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. Estas negociaciones determinarán el texto final y podrían conducir a nuevas enmiendas. Los observadores esperan que las conversaciones se centren en cómo conciliar los objetivos de protección infantil con las obligaciones de privacidad bajo la legislación de la UE. Algunos parlamentarios han manifestado su oposición a cualquier sistema de escaneo que interfiera con el cifrado, mientras que otros enfatizan la necesidad de herramientas más sólidas para detectar material de abuso sexual infantil. El resultado influirá en cómo los servicios de mensajería en la UE gestionan la seguridad y la privacidad en los próximos años.
Los analistas afirman que el debate refleja una lucha global más amplia sobre el cifrado, el acceso de las fuerzas del orden y la seguridad en línea. Mientras los gobiernos buscan mecanismos más sólidos para detectar material dañino, los investigadores de seguridad advierten que debilitar el cifrado puede exponer a todos los usuarios a riesgos significativos. Las empresas tecnológicas están siguiendo de cerca el proceso de la UE, ya que la decisión final puede influir en cómo se desarrollan regulaciones similares en otras jurisdicciones. Muchos proveedores argumentan que la mensajería segura protege a disidentes, periodistas y grupos vulnerables, y advierten que cualquier sistema de escaneo debe evitar crear vulnerabilidades.
El texto revisado se considera un cambio importante respecto a la propuesta anterior, pero los debates siguen polarizados. Los partidarios ven la ley como una herramienta necesaria para combatir la difusión de material abusivo, mientras que los críticos argumentan que las medidas siguen suponiendo riesgos para la privacidad y la comunicación segura. El resultado legislativo final dependerá de las negociaciones entre las instituciones de la UE, y el debate sobre cómo proteger a los niños en línea sin socavar el cifrado sigue siendo uno de los temas más controvertidos en la política digital.