Las autoridades europeas de aplicación de la ley han desmantelado una operación de fraude a gran escala en un centro de llamadas con sede en Ucrania, tras una investigación internacional coordinada. La operación tenía como objetivo a grupos criminales que gestionaban centros fraudulentos de llamadas usados para engañar a víctimas en varios países europeos. Las autoridades afirmaron que la red era responsable de pérdidas financieras generalizadas y dependía de estructuras organizadas que reflejaban operaciones legítimas de atención al cliente.

 

 

Según los investigadores, la operación de fraude se estableció en varias ciudades ucranianas, incluyendo Kiev, Dnié e Ivano-Frankivsk. Los centros de llamadas empleaban trabajadores reclutados de países como la República Checa, Letonia y Lituania. Se formó a los llamantes para hacerse pasar por empleados del banco, agentes de la ley u otros funcionarios de confianza. Las víctimas fueron contactadas por teléfono y presionadas para transferir dinero tras informarles que sus cuentas estaban en riesgo o estaban involucradas en actividades delictivas.

Las autoridades dijeron que los esquemas de fraude dependían en gran medida de la ingeniería social. Los llamantes seguían guiones preparados y usaban números de teléfono falsificados para parecer creíbles. En algunos casos, se instruyó a las víctimas para que trasladaran fondos a cuentas controladas por el grupo criminal bajo el pretexto de proteger sus ahorros. Los investigadores informaron que durante la investigación se identificaron cientos de víctimas, con pérdidas individuales que iban desde varios miles de euros hasta cantidades mucho mayores en casos más graves.

La organización criminal operaba con una estructura interna clara. Equipos separados se encargaban del reclutamiento, la formación, las operaciones de llamadas y el movimiento de fondos. Algunos miembros eran responsables de la gestión de sistemas técnicos, mientras que otros se centraban en el blanqueo de ingresos a través de diversos canales financieros. Las autoridades dijeron que los empleados recibieron la promesa de comisiones de hasta el 7% de los fondos robados, aunque los organizadores a menudo retenían los pagos.

Durante las redadas, la policía incautó ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento y documentos vinculados al fraude. Varios sospechosos fueron detenidos para interrogatorio, y son posibles más detenciones mientras los investigadores analizan los datos incautados. Las autoridades dijeron que la retirada interrumpió la actividad de estafa en curso y evitó que más víctimas fueran objetivo de la víctima.

Funcionarios europeos destacaron la naturaleza transfronteriza de la operación y afirmaron que la cooperación internacional es esencial para su éxito. El uso de centros de llamadas basados en un país para atacar víctimas en otros permitió al grupo explotar las brechas jurisdiccionales. Europol y Eurojust coordinaron el intercambio de inteligencia y la asistencia legal, permitiendo la acción simultánea en múltiples ubicaciones.

Las agencias de seguridad advirtieron que el fraude en centros de llamadas sigue siendo una amenaza significativa, especialmente para las personas mayores y quienes no están familiarizados con las tácticas comunes de estafas. Las autoridades instaron al público a tener cuidado con llamadas no solicitadas que soliciten acciones financieras urgentes y aconsejaron verificar las reclamaciones a través de canales oficiales. La investigación sigue en curso, y las autoridades indicaron que podrían seguir más desarrollos a medida que continúen los procedimientos judiciales.

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