El gobierno británico ha presentado una nueva legislación que otorgaría a las autoridades poderes ampliados para atacar a organizaciones e individuos acusados de realizar actividades en nombre de estados extranjeros hostiles.
El proyecto de ley propuesto sobre Seguridad Nacional (Amenazas de Estado) fue presentado en el Parlamento el 9 de junio y se espera que entre en vigor tan pronto como el próximo mes si se aprueba. La legislación permitiría al gobierno designar organizaciones vinculadas a estados extranjeros y aplicar poderes similares a los utilizados en casos antiterroristas.
Según la propuesta, se convertiría en un delito penal apoyar a una organización designada, ayudarla o aceptar pagos de ella. Las personas condenadas bajo las nuevas medidas podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta 14 años.
Según el gobierno, la legislación pretende abordar situaciones en las que Estados extranjeros supuestamente utilizan organizaciones por poder, grupos criminales u otros intermediarios para llevar a cabo actividades como vigilancia, sabotaje, intimidación o ataques, distanciandose de la implicación directa.
El primer ministro Keir Starmer dijo que el gobierno no toleraría que actores hostiles utilizaran terceros para llevar a cabo operaciones en el Reino Unido. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, afirmó que los estados extranjeros dependen cada vez más de los intermediarios y que las agencias de seguridad necesitan herramientas adicionales para responder a amenazas en evolución.
El anuncio sigue a una serie de investigaciones relacionadas con presunta actividad de estados extranjeros en Reino Unido. Las autoridades han señalado incidentes que incluyen ataques a sitios judíos, casos de espionaje y operaciones supuestamente vinculadas a organizaciones que actúan en nombre de gobiernos extranjeros. Las autoridades han acusado anteriormente a actores vinculados a Irán, Rusia y China de utilizar intermediarios para perseguir intereses estatales. Esos países han negado las acusaciones.
El gobierno afirmó que la legislación se desarrolló después de que las agencias de inteligencia informaran de un aumento en las investigaciones sobre amenazas estatales. Según el MI5, las investigaciones relacionadas con actividades estatales hostil aumentaron un 35% en el último año. Los funcionarios también citaron 20 supuestos complots respaldados por Irán que se consideraron potencialmente letales.
El proyecto de ley permitiría que los grupos designados fueran tratados de manera similar a los servicios de inteligencia extranjeros bajo las leyes de seguridad nacional vigentes. Los funcionarios afirman que el objetivo es facilitar la investigación, interrupción y enjuiciamiento de operaciones realizadas a través de intermediarios en lugar de directamente por gobiernos extranjeros.
La legislación está actualmente en proceso de aprobación en el Parlamento, y el gobierno ha indicado que los nuevos poderes podrían activarse inmediatamente una vez que la ley entre en vigor.