Las fuerzas del orden en toda Europa han desmantelado nueve grupos criminales implicados en operaciones ilegales de streaming a gran escala, interrumpiendo redes que proporcionaban acceso no autorizado a canales de televisión, eventos deportivos, películas y contenido de suscripción a millones de usuarios en todo el mundo. La operación coordinada se llevó a cabo con el apoyo de Europol, Eurojust y autoridades de varios países.

 

 

According to investigators , los grupos criminales operaban extensas infraestructuras de IPTV y streaming que distribuían contenido protegido por derechos de autor sin autorización. Las autoridades afirmaron que las cadenas generaban beneficios ilícitos sustanciales a través de las cuotas de suscripción, mientras evitaban a los radiodifusores y proveedores de contenido legítimos.

La operación se dirigía a organizaciones dedicadas a la distribución de canales de televisión pirateados, retransmisiones deportivas en directo, películas y contenido bajo demanda. Los investigadores rastrearon a los grupos a través de datos incautados, infraestructura de red, transacciones financieras y actividad de criptomonedas vinculadas a investigaciones previas antipiratería.

Las autoridades identificaron a 31 presuntos miembros relacionados con las organizaciones criminales. Los investigadores creen que los sospechosos participaron en distribución no autorizada de contenido, fraude informático, acceso ilegal a sistemas de información y blanqueo de capitales. Las autoridades dijeron que parte de los ingresos supuestamente se canalizaron a través de inversiones en criptomonedas y empresas pantalla con el fin de ocultar el origen de los fondos.

La acción coordinada de aplicación tuvo lugar en nueve países, lo que resultó en el cierre de múltiples plataformas de streaming e infraestructuras de apoyo. En Italia, las autoridades incautaron tres de los principales servicios IPTV ilegales, mientras que los investigadores en Rumanía desmantelaron un gran proveedor de distribución de contenidos que suministraba transmisiones a través de servidores ubicados en el país.

Las autoridades dijeron que las redes criminales servían a usuarios de todo el mundo y operaban a una escala que rivalizaba con los servicios legítimos de streaming. Investigaciones anteriores vinculadas a la operación encontraron pruebas de que algunos de los grupos se habían expandido internacionalmente, ofreciendo paquetes de suscripción que daban acceso a miles de canales de televisión y bibliotecas de contenido premium.

Europol y Eurojust apoyaron la investigación coordinando el intercambio de información entre los países participantes, facilitando reuniones operativas y proporcionando asistencia analítica. Las autoridades afirmaron que la cooperación internacional es fundamental porque la infraestructura de streaming, los flujos financieros y los supuestos operadores estaban repartidos entre múltiples jurisdicciones.

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