Apple se enfrenta a una demanda colectiva de 2.000 millones de libras en el Reino Unido por acusaciones de que sus normas de privacidad ponían en desventaja a los desarrolladores de aplicaciones de terceros, mientras que ofrecían un trato más favorable a sus propios servicios publicitarios.
El caso se centra en la Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT), un marco de privacidad que Apple introdujo en abril de 2021. ATT exige que las aplicaciones de terceros para iPhone y iPad muestren un aviso diseñado por Apple pidiendo permiso a los usuarios antes de rastrear su actividad entre aplicaciones y sitios web pertenecientes a otras empresas.
El sistema se promocionó como una forma de dar a los usuarios un mayor control sobre su información personal. Sin embargo, los desarrolladores detrás de la nueva acción legal argumentan que la forma en que Apple implementó ATT creó un entorno competitivo desigual.
La reclamación fue presentada ante el Tribunal de Apelación de Competencia del Reino Unido el 3 de septiembre. Está siendo presentada por ATT Collective Action Limited, liderada por Ann Pope, quien anteriormente fue Directora Senior de Antimonopolio en la Autoridad de Competencia y Mercados.
Según la reclamación, los desarrolladores externos se enfrentaban efectivamente a dos requisitos de consentimiento: obligaciones derivadas de la ley de protección de datos y el prompt adicional ATT de Apple. Los propios servicios de Apple no estaban obligados a usar el mismo prompt ATT para publicidad personalizada, sino que dependían de un proceso de consentimiento diferente.
Los demandantes alegan que esta diferencia dificultaba que los desarrolladores independientes recopilaran información utilizada para publicidad dirigida. Por tanto, las aplicaciones que dependen en gran medida de los ingresos publicitarios podrían ganar menos cuando los usuarios rechazaron el seguimiento.
El caso también sostiene que Apple introdujo ATT sin suficiente consulta ni tiempo para que los desarrolladores adaptaran sus negocios. Los demandantes afirman que la posición de Apple como operador del ecosistema iOS dejó a los desarrolladores con pocas alternativas prácticas que seguir las nuevas normas si querían seguir llegando a usuarios de iPhone e iPad.
La acción propuesta de 2.000 millones de libras cubre a miles de desarrolladores de aplicaciones del Reino Unido. Debido a que se ha presentado como una reclamación colectiva de exclusión voluntaria, los desarrolladores británicos elegibles están representados automáticamente a menos que decidan abandonar la acción. Cubre a desarrolladores que generaron ingresos publicitarios con aplicaciones de iOS de terceros o que gastaron dinero en publicidad para atraer usuarios a esas aplicaciones.
Apple rechaza las acusaciones. La compañía sostiene que está sujeta a los mismos requisitos de ATT que otros desarrolladores y afirma que la función fue diseñada para ofrecer a los usuarios una opción sencilla frente al seguimiento entre empresas.
La disputa sigue a un escrutinio regulatorio más amplio de ATT en Europa. Las autoridades de competencia de varios países han examinado si la implementación de Apple favoreció injustamente sus propios servicios. En agosto de 2026, Apple accedió a modificar aspectos de su proceso de consentimiento tras una investigación del regulador de competencia alemán.
La demanda británica no ha demostrado que Apple violara la ley de competencia, y la cifra de 2.000 millones de libras representa los daños reclamados y no una sanción ya impuesta. El caso también debe recibir certificación del Tribunal de Apelación de la Competencia antes de proceder como acción colectiva.